Esto va de objetividad, legitimidad y urgencia institucional
La elección del Fiscal General de la República no es un trámite administrativo más. Se trata de una decisión estructural para el Estado de derecho en Guatemala. El Ministerio Público no solo dirige la persecución penal; también incide directamente en la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y el equilibrio entre poderes.
En un contexto de profunda desconfianza pública hacia las instituciones, el proceso de evaluación de los postulantes no puede limitarse a cumplir formalidades. La gravedad del momento exige una reflexión más rigurosa sobre qué estamos midiendo y cómo lo estamos midiendo.
La ficción de la objetividad numérica
Las comisiones de postulación suelen recurrir a tablas de gradación que distribuyen puntajes entre formación académica, experiencia profesional y otros criterios cuantificables. Esta metodología parte de una premisa implícita: que la objetividad puede alcanzarse mediante la suma de méritos verificables.
Sin embargo, la tradición filosófica contemporánea ha problematizado esta idea.
Hans-Georg Gadamer mostró que toda comprensión está mediada por horizontes históricos y marcos interpretativos. Michel Foucault explicó cómo los sistemas de evaluación producen verdad dentro de estructuras de poder. Jürgen Habermas sostuvo que la legitimidad surge de procesos deliberativos y no de simples cálculos técnicos. Karl Popper señaló que la objetividad no reside en sujetos neutrales sino en procedimientos críticos y públicos.
La objetividad absoluta no existe. Lo que sí puede construirse es una objetividad procedimental basada en transparencia, argumentación pública y evaluación razonada.
Cuando reducimos la evaluación a números, corremos el riesgo de medir lo más fácil de cuantificar y relegar lo verdaderamente relevante.
¿Qué se espera del Fiscal General?
La Ley Orgánica del Ministerio Público establece que la institución debe actuar con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad. El Fiscal General no es únicamente un técnico jurídico. Es:
- Jefe administrativo de una institución autónoma.
- Diseñador de la política criminal.
- Director de investigaciones penales complejas.
- Figura que encarna la credibilidad del sistema de justicia.
Por ello, su idoneidad no puede medirse únicamente por títulos acumulados o años de servicio. Deben evaluarse dimensiones como:
- Independencia frente a presiones políticas.
- Coherencia ética.
- Capacidad estratégica.
- Legitimidad pública.
- Liderazgo institucional.
En un país donde la percepción de captura o politización del Ministerio Público ha debilitado la confianza ciudadana, ignorar la dimensión de legitimidad sería institucionalmente irresponsable. No se trata de sustituir el debido proceso por percepciones mediáticas, sino de reconocer que la confianza pública es un elemento funcional del Estado de derecho.
Una propuesta complementaria de evaluación
Sin modificar el marco constitucional ni la integración legal de la Comisión de Postulación establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público, es posible mejorar el método evaluativo.
Se propone una tabla complementaria basada en competencias institucionales:
¿Qué cambia con esta tabla?
Primero, obliga a la comisión a justificar públicamente sus valoraciones. Segundo, introduce dimensiones cualitativas estructuradas que hoy quedan invisibilizadas. Tercero, reconoce que la legitimidad institucional es un criterio evaluable, no un elemento decorativo. Cuarto, mantiene plena compatibilidad con el marco legal vigente.
No se trata de eliminar la tabla actual, sino de corregir su sesgo tecnocrático. El problema no es evaluar. El problema es evaluar mal.
Urgencia histórica
Guatemala enfrenta un momento crítico en materia de justicia. La designación del próximo Fiscal General marcará el rumbo del Ministerio Público para los próximos años.
Si el proceso reproduce la ilusión de objetividad numérica sin evaluar independencia real y legitimidad institucional, se corre el riesgo de profundizar la crisis de confianza.
Si, por el contrario, se adopta una evaluación integral, transparente y argumentada, se dará un paso hacia una institucionalidad más sólida.
No es un asunto menor. No es un procedimiento más.
Es una decisión que incide directamente en la calidad de nuestra democracia.
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