Esta entrada se escribe en diálogo con el texto de Josué Fiallo “El año en que las instituciones eligen a sus dueños”, publicado el 8 de febrero de 2026.
Puede leerse aquí: https://josuefiallo.wordpress.com/2026/02/08/el-ano-en-que-las-instituciones-eligen-a-sus-duenos/
En los últimos días se ha generado un debate intenso alrededor de los procesos institucionales que enfrenta Guatemala en 2026. El análisis de Fiallo tiene mérito. Identifica un momento donde la simultaneidad de nombramientos del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas configura una coyuntura relevante. Comparto la intuición de que no se trata de movimientos aislados, sino de un conjunto de procesos con impacto potencial en la calidad institucional de los próximos años.
Sin embargo, también creo necesario introducir matices que muchas veces se pierden cuando dominan narrativas de crisis absoluta o de captura total. La discusión política sobre las instituciones no se resuelve reduciéndola a una dicotomía entre democracia funcional o simulacro constitucional.
Reconocer anomalías no equivale a catastrofismo
Hay hechos concretos preocupantes que merecen atención crítica. Por ejemplo, la situación del Consejo Superior Universitario que se menciona en el análisis: cuerpos colegiados operando con mandatos vencidos, procesos de renovación detenidos y disputas institucionales que parecen responder más a estrategias de poder que a reglas claras. Esas situaciones no son meramente diferencias políticas; cuestionan la integridad procedimental de órganos que tienen roles decisivos en procesos de designación.
Nombrar estas anomalías no implica negar la política. Implica reconocer que cuando las reglas dejan de ofrecer previsibilidad y estabilidad, la confianza institucional se erosiona. Hay momentos en los que ciertas prácticas dejan de percibirse como competencia política normal y empiezan a interpretarse como desviaciones del marco institucional.
Pero aquí aparece un riesgo adicional. Reconocer irregularidades reales no obliga a adoptar narrativas de colapso total. Esa simplificación puede resultar tan problemática como la negación de los problemas.
Más allá de la polarización discursiva
Uno de los efectos del debate actual es la tendencia a reducir la complejidad a esquemas binarios. En el texto de referencia se plantean escenarios extremos que ayudan a visualizar riesgos, pero que no necesariamente capturan la realidad institucional en toda su diversidad. Las instituciones no funcionan como bloques homogéneos. Están atravesadas por tensiones internas, contradicciones y equilibrios frágiles.
La política, incluso en contextos difíciles, sigue siendo un espacio de negociación y disputa donde conviven actores diversos. Presentar el panorama únicamente en términos de captura total puede terminar reforzando la misma lógica polarizante que se intenta criticar. Cuando todo se interpreta como una batalla existencial, el adversario deja de ser interlocutor y se convierte en enemigo. Ese cambio reduce la capacidad deliberativa que sostiene a una democracia.
El riesgo de las narrativas de urgencia permanente
El texto dialoga con una idea frecuente en el debate público reciente: la sensación de que cada coyuntura representa un momento decisivo que definirá el destino nacional por décadas. Sin negar la importancia del presente, la sobredramatización constante puede producir efectos contraproducentes.
Puede justificar posturas maximalistas, erosionar la confianza ciudadana sin ofrecer horizontes claros y alimentar una lógica de confrontación permanente. Las transformaciones institucionales profundas rara vez ocurren únicamente en momentos de crisis visible. Muchas veces se construyen a través de procesos largos, reformas técnicas y cambios graduales que no generan titulares.
Fortaleza interna y dependencia externa
Otro elemento presente en el análisis es la referencia a la presión internacional como variable relevante. No se puede negar su influencia en ciertos momentos. Sin embargo, depositar demasiada esperanza en factores externos puede ocultar una fragilidad estructural más profunda. La sostenibilidad democrática depende de la capacidad interna para generar reglas claras, procedimientos respetados y cultura institucional sólida.
Las soluciones duraderas requieren fortalecer capacidades propias. Sin ello, cualquier avance queda sujeto a dinámicas geopolíticas cambiantes.
Hacia una narrativa de construcción
Guatemala enfrenta desafíos institucionales reales y señalarlos es indispensable. Las crisis procedimentales, los mandatos vencidos y las tensiones entre decisiones legales y estrategias políticas requieren análisis riguroso. Pero también necesitamos construir un lenguaje público que no cierre las posibilidades de transformación.
Construir país implica diseñar instituciones más resistentes, profesionalizar el servicio público, fortalecer capacidades técnicas y reconstruir progresivamente la confianza ciudadana. La crítica es necesaria, pero la crítica sin horizonte puede convertirse en otra forma de desgaste democrático.
La pregunta central no es solo quién controla hoy las instituciones. La pregunta es si somos capaces de construir un sistema que reduzca la vulnerabilidad frente a prácticas que erosionan su legitimidad. Esa tarea exige algo más que denuncia. Exige imaginación política, deliberación y compromiso con procesos de transformación sostenidos en el tiempo.
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