En Guatemala se afirma con frecuencia que el deber de las instituciones es defender el orden constitucional. La frase se pronuncia con solemnidad, con el peso de la ley detrás, como si nombrarla bastara para sostenerla. Pero la Constitución no se sostiene por repetición. Se sostiene en la forma en que se interpreta. Y la interpretación de la ley no es un proceso neutro. Es un acto humano. Un acto político, ético e histórico.
Hans-Georg Gadamer recordaba que comprender un texto no significa copiarlo, sino entrar en relación con él. Cada intérprete llega desde un horizonte, desde una historia, desde una posición. Interpretar implica reconocer ese lugar y abrirlo al otro. Cuando esta apertura se cierra, la interpretación deja de ser un camino hacia el entendimiento y se convierte en una herramienta para imponer, fijar y excluir.
La vida pública reciente en Guatemala deja ver cómo la ley ha sido usada para mantener un orden que se autorrepresenta como garante del equilibrio, pero que actúa de manera selectiva. La cooptación de la Universidad de San Carlos es un ejemplo claro. La elección impugnada del rector no solo definió una autoridad, sino que marcó la apropiación de una institución que representa el sentido más profundo de lo público: el derecho de pensar. Quienes se opusieron fueron sancionados no desde el debate, sino desde la criminalización. Estudiantes y docentes enfrentaron procesos penales, expulsiones y presión institucional. El derecho fue utilizado para castigar la disidencia, no para alojarla en una conversación democrática.
Un patrón similar puede verse en la arena estatal. La falta de investigaciones sostenidas sobre administraciones anteriores contrasta con la rapidez de las acciones contra la administración actual. Allí donde debería haber búsqueda de verdad, hay urgencia por producir efecto político. La persecución judicial contra el partido Movimiento Semilla y sus liderazgos ha tenido el efecto de restringir la competencia política real, instalando la sensación de que ciertas formas de participación son tolerables y otras deben ser devueltas a los márgenes.
Algo parecido ocurre en el Congreso. La ausencia de acuerdos para elegir Junta Directiva entró en un punto muerto hasta que la Corte de Constitucionalidad intervino. La resolución fue presentada como defensa del orden constitucional, pero en la práctica se convirtió en acto que inclina el campo de juego. La pregunta no es si la decisión es legal o ilegal, sino qué horizonte interpretativo la sostiene. ¿La Constitución está siendo leída para garantizar la deliberación o para orientar sus resultados?
Cuando las instituciones encargadas de custodiar los límites del poder actúan como parte del juego político y no como marco que lo contiene, el sentido de la Constitución se altera. La ley deja de funcionar como pacto común y empieza a funcionar como herramienta para preservar formas de poder que no desean ser discutidas.
La criminalización de autoridades indígenas, el hostigamiento a estudiantes que disienten, la velocidad contra ciertos funcionarios y la lentitud ante otros, la intervención en la definición de fuerzas legislativas y la desproporción en el uso del aparato penal no son hechos independientes. Son señales de que la interpretación del derecho ha dejado de buscar justicia y está buscando mantener estabilidad para algunos y contención para otros.
La Constitución se fractura cuando deja de ser un espacio compartido y pasa a ser un instrumento de selección. Y cuando la ciudadanía deja de reconocerse en la ley, la ley pierde su legitimidad más profunda.
En 2026 se renovarán la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría. No es un recambio administrativo. Es la pregunta central sobre la interpretación del derecho en Guatemala. ¿La ley será un lenguaje para construir comunidad o una herramienta para preservar privilegios?
Defender el orden constitucional hoy significa preguntarnos para quién se interpreta la ley y para qué. Recordar que la Constitución no pertenece a quienes la administran, sino a quienes la viven. Entender que la democracia no se sostiene por obediencia, sino por reconocimiento mutuo.
La Constitución es una promesa todavía abierta. Aún se puede recuperar su sentido como espacio donde todas las voces pueden entrar. Para eso hace falta volver a escuchar. No solo lo que se dice en las instituciones, sino lo que la ciudadanía está diciendo desde hace años, con diferentes cuerpos y diferentes lenguas.
Mientras exista escucha, la democracia no está perdida.
Y todavía existe.
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