¿Gobierno democrático o caudillo político?

Cada cierto tiempo se repite la frase: “los ministerios siguen cundidos de gente ineficiente, irresponsable, prepotente y corrupta”. Es un diagnóstico que conecta con la frustración ciudadana y con la percepción real de un aparato estatal debilitado. Sin embargo, suele quedarse en el terreno de la denuncia vacía, sin abordar el problema de fondo: ¿qué significa en la práctica “limpiar el Estado”? ¿Se puede hacer de golpe? ¿O terminamos cayendo en la ilusión de un caudillo que, con una orden, lo arregle todo?

La expectativa de muchos ciudadanos era clara: una caída dramática de la corrupción. El cambio de gobierno despertó esperanzas de que se transformara radicalmente la forma de gestionar el país. Pero el choque con la realidad fue inmediato: sí hay esfuerzos visibles, pero resultan insuficientes frente a un sistema político-administrativo con décadas de deterioro.

Guatemala cuenta con profesionales valiosos, técnicos capaces y jóvenes preparados en distintas áreas. Pero ¿existen en número suficiente para sustituir masivamente a una burocracia clientelar que se extiende por miles de plazas? La respuesta honesta es no. El capital humano existe, pero no en la escala ni en las condiciones adecuadas para ejecutar un recambio súbito. A esto se suma un problema estructural: los salarios estatales no son competitivos. El Estado paga poco en puestos técnicos de carrera, lo que provoca que los mejores cuadros busquen oportunidades en el sector privado o en el extranjero. Paradójicamente, al mismo tiempo abundan los sueldos altos en contratos de asesoría o en plazas de confianza, usadas muchas veces como botín político.

Hay otra verdad incómoda que rara vez se menciona en estos discursos de “limpieza”: un presidente no es todopoderoso. El Ejecutivo está constreñido por la independencia de poderes. No puede legislar sin el Congreso ni puede cambiar la justicia a su antojo. Incluso dentro de su propio ámbito, la Ley de Servicio Civil protege a los empleados de carrera. Mientras que los contratos temporales bajo renglón 029 pueden no renovarse sin mayor complicación, las plazas permanentes (renglón 011) gozan de estabilidad laboral y no pueden ser eliminadas con un plumazo sin consecuencias legales.

¿Queremos, entonces, un gobierno que respete la democracia y sus límites, o uno que actúe como si la legalidad fuera un estorbo? Porque destituir masivamente sin fundamento legal no es reforma, es autoritarismo.

Prometer que se va a “limpiar” todo el Estado sin explicar cómo es caer en la demagogia más básica. Lo “bien hecho” implica diseñar una reforma gradual del servicio civil, construir una carrera pública basada en méritos, profesionalizar a los ministerios y ofrecer incentivos salariales que permitan retener talento. Nada de esto se logra de la noche a la mañana ni con berrinches desde el poder.

La pregunta de fondo es esta: ¿buscábamos un gobierno democrático o esperábamos la llegada de un mesías político? Hay quienes aún imaginan un caudillo que, con mano dura, logre “barrer con la corrupción” y destituya a diestra y siniestra. Esa ilusión abre la puerta a un gobierno autoritario, berrinchudo y criminal. La democracia, en cambio, es más lenta, más torpe y muchas veces frustrante, pero es la única vía para construir instituciones que perduren.

El riesgo es que, en lugar de fortalecer al Estado, caigamos en el espejismo del líder que se presenta como “jefe de jefes”  (esos de mano dura, vamos en serio juntos y ni corrupto ni ladrón). Y ya conocemos cómo terminan esas historias: con la concentración del poder, la destrucción de los contrapesos y, tarde o temprano, una nueva decepción.

Las frases que denuncian a “los ministerios cundidos de corrupción” reflejan una indignación legítima, pero no alcanzan para construir soluciones. Si queremos un Estado eficiente, no basta con cambiar caras. Hace falta reformar las reglas, profesionalizar la administración pública y asumir que la democracia tiene límites y tiempos distintos a los que vende la demagogia.

La gran decisión que enfrenta la ciudadanía hoy no es solo cómo juzga a este gobierno, sino qué espera de la política en general: ¿un proceso democrático con instituciones sólidas, o la ilusión peligrosa de un caudillo que gobierna a capricho?