Leí con atención la columna “Ya no necesitamos más gobiernos de señores de los 90s”, publicada en EP Investiga, que puede consultarse aquí: https://epinvestiga.com/dominical/ya-no-necesitamos-mas-gobiernos-de-senores-de-los-90s/. Comparto parte de la preocupación del autor. Guatemala necesita cambios más profundos que los que el reformismo tradicional ha logrado producir. Pero creo que su diagnóstico simplifica un problema mucho más complejo y, al hacerlo, corre el riesgo de convertir una discusión necesaria en una consigna que polariza el debate más de lo que lo esclarece.
El problema de Guatemala no es que sus gobiernos sigan pensando con categorías viejas. El problema es más duro. El Estado guatemalteco está atravesado por reglas, vetos, capturas y correlaciones de fuerza que no se desmontan por un cambio de tono ni por una apelación abstracta al liderazgo. Eso exige pensar mejor.
La coyuntura de 2026 lo confirma con nitidez. En pocos meses se renovaron o se renovarán piezas decisivas del régimen institucional. La Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la rectoría de la Universidad de San Carlos, la Fiscalía General y la Contraloría General de Cuentas. No son episodios aislados. Son la evidencia de que en Guatemala el poder no se decide solo en las urnas generales, sino en una larga cadena de elecciones de segundo grado donde se disputa quién administra la ley, quién arbitra la competencia política y quién protege o bloquea las reformas.
Ese contexto vuelve insuficiente cualquier argumento basado en la idea de que “solo falta ejercer poder”. El Ejecutivo guatemalteco no gobierna un tablero limpio. No nombra la totalidad de la Corte de Constitucionalidad. No elige al Tribunal Supremo Electoral. No controla la Corte Suprema de Justicia ni dirige la universidad pública. Incluso en el caso del Ministerio Público, su margen se reduce a escoger entre una nómina producida por una comisión de postulación. La Presidencia puede tener legitimidad electoral, pero eso no significa que tenga el control del Estado.
La integración reciente de varias instituciones lo muestra con claridad. La nueva Corte de Constitucionalidad sigue configurándose en gran medida dentro de la misma lógica de poder que ha caracterizado al llamado pacto de corruptos. El Tribunal Supremo Electoral que inicia funciones probablemente podrá operar administrativamente, pero su composición dista de ofrecer garantías plenas de idoneidad o independencia. Y el sistema judicial continúa arrastrando una estructura de cooptación que ha erosionado profundamente su credibilidad pública.
Ante este panorama, sostener que el problema radica simplemente en que los gobiernos reformistas no se atreven a usar el poder del Estado termina confundiendo autoridad formal con capacidad real. Tener la Presidencia no equivale a controlar las instituciones que determinan la viabilidad de cualquier transformación profunda.
Entonces, ¿qué sigue? Aquí es donde conviene apartarse de la simplificación. Si el sistema está diseñado para dispersar el poder del Ejecutivo, filtrar las decisiones mediante cuerpos intermedios y blindar espacios estratégicos frente a la voluntad popular inmediata, la salida no puede ser una retórica impaciente de “mandar más”. La salida exige una estrategia más larga.
Gobernar buscando estabilidad institucional no es necesariamente un error, aunque muchos hubiéramos querido transformaciones más rápidas o más radicales. La gobernabilidad no es el enemigo del cambio. Muchas veces es la condición mínima para sostenerlo.
Eso no significa renunciar a reformas profundas. Guatemala necesita cambios estructurales importantes. Una reforma fiscal que obligue a los grandes capitales a contribuir al financiamiento del Estado, transformaciones constitucionales que fortalezcan la independencia judicial y el sistema político, y alianzas sociales capaces de sostener esas reformas más allá de un período de gobierno. Pero ninguna de esas medidas ocurre automáticamente por el simple hecho de tener voluntad política.
Para que el cambio sea posible, también es necesario acumular poder social y político. No basta con invocar al pueblo ni con despreciarlo, como a veces sugieren ciertos diagnósticos cómodos. Lo que hace falta es traducir demandas sociales en capacidad organizada. Colegios profesionales disputados, universidad pública recuperada, veeduría ciudadana técnicamente competente, bancadas menos erráticas, cuadros burocráticos honestos y alianzas duraderas entre sectores que normalmente solo coinciden en la indignación.
En ese sentido, el problema del reformismo guatemalteco no es que dialogue demasiado. Es que muchas veces dialoga sin acumular poder propio.
También es necesario dejar de pensar el Estado únicamente desde el Ejecutivo. En Guatemala, transformar requiere intervenir simultáneamente en tres planos. Gobierno, administración y arbitraje institucional. Gobierno es la Presidencia, los ministerios y el Congreso. Administración es el servicio civil, el presupuesto, las compras públicas y la burocracia estatal. Arbitraje institucional es el sistema judicial, la constitucionalidad, el sistema electoral, la universidad pública y los entes de control. Si uno de esos tres planos queda capturado, el resto inevitablemente se resiente.
Por eso una agenda seria de cambio no puede limitarse a hacer bien las cosas desde el Ejecutivo. Tiene que disputar también los órganos que pueden frenar, reinterpretar o sabotear cualquier reforma.
El problema, entonces, no es querer cambios drásticos. Al contrario. Guatemala necesita cambios más profundos de los que ha logrado producir hasta ahora. El problema es creer que esos cambios ocurren automáticamente cuando se gana una elección.
Transformar un Estado capturado exige algo más que voluntad. Exige comprender el sistema que se intenta cambiar, disputar sus nodos de poder y construir, con paciencia estratégica, una correlación distinta.
Porque en Guatemala el desafío no es elegir entre ambición reformista o realismo político. El desafío es aprender a transformar el país entendiendo primero cómo funciona realmente su poder.
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